Por Atilio Boron
La Corte
Suprema de la Argentina revocó un
fallo del fuero civil que había ordenado el cumplimiento en el país de un
embargo dispuesto en Ecuador por 19.552 millones de dólares en contra de la
petrolera norteamericana Chevron. La demanda había sido entablada por los
pueblos originarios amazónicos y el gobierno de ese país por los gravísimos
daños ambientales producidos entre 1964 y 1990 en la zona de Lago Agrio (unas 500.000 hectáreas
contaminadas y envenenadas en la selva Amazónica) por la Texaco, empresa que luego
fue adquirida por la
Chevron. En la
Argentina el juez en primera instancia y la cámara de apelaciones
otorgaron la razón a los demandantes ecuatorianos disponiendo el embargo del
futuro flujo de caja de Chevron así como los dividendos que generaran su
operación en el país, el 40 % de sus depósitos bancarios y los ingresos futuros
a recibir por la venta del crudo a extraer de la Argentina en la zona de
Vaca Muerta. Esto sumaba unos 2.000 millones de dólares anuales, a pagar a lo
largo de los años necesarios hasta cubrir la cifra fijada por los tribunales
ecuatorianos.
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Un
ejemplo del daño ambiental cometido en la Amazonía que no quiere reparar Chevron
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Dado
que Chevron había declarado que carecía de recursos en Ecuador los demandantes
de este país trasladaron el juicio a la Argentina, donde la empresa sí tiene recursos. Sin
embargo, apelando a un tecnicismo leguleyo la Corte Suprema
consideró que Chevron Argentina era tan sólo una filial de la Chevron Corporation
y no la empresa demandada. El abogado de los intereses ecuatorianos en la Argentina se preguntó
"¿Cómo una empresa que es una sola cosa cuando a ingresos o beneficios se
refiere es otra a la hora de pagar?" Gambitos de este tipo proliferaron en
la Argentina
durante la crisis del 2001-2202, cuando grandes bancos transnacionales (por
ejemplo el Boston, renunciaron a devolver a sus clientes sus depósitos en
dólares aduciendo que la filial argentina ya no los tenía y que la casa matriz
no podía hacerse cargo de los resultados de las operaciones de su filial). De
todas maneras los reclamantes tienen también planteada otra demanda mediante la
cual se busca el reconocimiento internacional de la sentencia adoptada en
Ecuador, al paso que se han iniciado causas similares –con menores
probabilidades de éxito- en otros países, como Brasil y Canadá, en donde opera
y tiene recursos la petrolera norteamericana.
Sorprende,
¿o no?, que la procuradora general del gobierno argentino, Alejandra Gils
Carbó, perteneciente al grupo de Justicia Legítima –crítico de los sesgos
clasistas y reaccionarios de la judicatura de este país- hubiera recomendado a la Corte pronunciarse a favor de Chevron en este diferendo.
Lamentablemente, el desesperado interés por iniciar sin más dilaciones
-mediante un acuerdo entre YPF y Chevron- la explotación del yacimiento
petrolífero "shale" en Vaca Muerta parece haber calado muy
profundamente en el propio gobierno nacional y en ciertos estratos del
"progresismo argentino", convalidando con sus cálculos utilitaristas
la impunidad ante la depredación ambiental de la petrolera y, ¿tal vez?, haciendo lo propio ex ante con los
Por Atilio Boron
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