miércoles, 12 de noviembre de 2014

Reina Maraz, su vida e injusta condena debe interpelarnos como sociedad.





Por Ali Rida Eric Peralta*

La libertad de Reina Maraz es liberarnos del crimen más cruel, el que se vive puertas adentro, el del ámbito doméstico, que la comunidad considera "de la vida privada" para no asumir compromisos y no verse obligada a interpelarse.

Luchar por la libertad de Reina, la joven quechua de nacionalidad boliviana, es liberar a las mujeres del maltrato y las vejaciones que en la Argentina se reproducen una y otra vez, cobrándose miles de muertes.

Durante un año padeció su detención sin que el estado y el poder judicial le informaran sobre su situación, sufriendo la misma indiferencia en la que tuvo que vivir las peores humillaciones durante años,  logrando solo comunicarse a través de la interpretación que realizaban las internas que la acompañaban.
Reina Maraz, en el juicio que la condenara a perpetua, pudo dar por primera vez testimonio en su lengua materna, el quechua, sin embargo, su relato para el tribunal paso sin más, no fue incorporada la voz de Reina, condenándola por unanimidad a prisión perpetua por la muerte  de Límber Santos, su marido, en el año 2010; en un episodio que involucra situaciones de extrema violencia, de las que Reina fue víctima.

Tomando exclusivamente como parte de su decisión lo que ha venido sosteniendo el fiscal, las juezas no reconocieron en Reina una mujer vulnerada en sus derechos, migrante, aborigen, pobre, analfabeta, y sometida a la violencia doméstica y sexual, que durante años significo golpizas, violaciones, maltrato psicológico y explotación sexual por parte de su marido como pago de deudas que este contraía.

Cuando la detuvieron en 2010, Reina estaba embarazada y pasó siete meses en una comisaría hasta que la trasladaron a la Unidad 33 de Los Hornos, en La Plata, donde nació su tercer hijo. Con el más grande, que tenía 5 años al momento de su detención, perdió toda comunicación porque estaba con los padres de Santos; solo pudiendo hablar por teléfono con el más chico algunas veces a la semana.

Ya en el 2011, la Comisión Provincial por la Memoria la encontró durante un monitoreo en lugares de encierro, descubriendo un año después de su encierro a Reina y el conflicto con el idioma.

En abril de 2012 el Juzgado de Garantías Nº 6 de Quilmes se vio obligado ante las desprolijidades que se le endilgaban a anular la audiencia en la que Reina había declarado y el tribunal ante una orden de la Corte de la Provincia aceptó que se tomara una nueva indagatoria con una traductora.

Fue a fines del 2013 que por primera vez alguien le explicó a Reina la situación procesal en quechua, recién allí pudo darle dimensión a la injusticia que la tenía encarcelada con su pequeño bebe desde hacía tres años, privándola de sus otros dos hijos.

La condena a Reina se define desde una  prueba en la que se apoya la acusación que es inválida, una de las pruebas testimoniales centrales de la fiscalía es la grabación de una cámara Gesell al hijo mayor de Reina, realizada por la fiscal que intervino en primera instancia en la investigación, donde se escucha la voz del pequeño que en ese momento tenía sólo 5 años.

En el testimonio –en el que intercala palabras en quechua- el niño dice que a su papá lo mataron “Tito”, y su mamá, Reina. Sin embargo, las tres expertas en psicología que vieron y escucharon el testimonio mientras se reproducía en la sala (llamadas a dar testimonio) cuestionaron la forma en que se le tomó declaración al niño.

Si bien cada una de las expertas hizo foco en diferentes aspectos del testimonio, tanto Olga Lucía Scrimi como Liliana Beatriz Camerano (perito psicóloga de la defensoría judicial de Quilmes) y María Inés Olivella coincidieron en que las preguntas eran inducidas y las respuestas “sobreentendidas” por el adulto; además, objetaron la posibilidad de determinar, a partir de ese solo testimonio, si lo que dice el niño es algo que vio o algo que le dijeron y que reproduce, inclinándose por esta última opción.

Tito es otra de las personas acusadas por el asesinato, quien murió hace un año en la cárcel, amigo de Santos y uno de los hombres que sometía sexualmente a Reina a cambio de las deudas que acumulaba su esposo, durante el juicio el vicecónsul de Bolivia relató un diálogo con Tito cuando estaba preso en el que el hombre se autoincriminaba.

En el relato del juicio se hicieron visibles las condiciones extremas en que vivía Reina, y los reiterados abusos de los que fue víctima, sin embargo el poder judicial jugo de memoria, represento su papel dejando pasar  la posibilidad de sentar un precedente histórico en la perspectiva de derechos humanos que contiene el caso.

Lejos de ser un caso excepcional, Reina Maraz, su vida e injusta condena son consecuencia de la compleja trama de violencias que sufren las mujeres y las nulas respuestas desplegadas desde el Estado.

Nos queda continuar la pelea por la hermana Reina, para que su libertad nos libere a todos y todas de una muy naturalizada manera de violencia en nuestra sociedad, una expresión más de la descomposición en que se manifiesta la vida.

*Docente del Instituto Taki Onqoy, Secretario General de la OLA-Organización para la Liberación Argentina.

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