Concentración y conferencia de prensa
Martes 13 10hs en las puertas de la Gobernación
En la provincia de Jujuy la agresividad sostenida contra nuestras organizaciones sintetiza las propuestas de intervención directa contra el pueblo en distintos puntos del país, su metodología, su sostenimiento y la articulación con sectores civiles.
La incesante campaña de amenazas, aprietes y acciones violentas contra nuestras organizaciones intenta poner freno al trabajo que diariamente realizamos en barrios y comunidades de nuestro país, en un escenario que tiene por objetivo último, imponer una política de entrega y saqueo del territorio nacional.
No es ninguna casualidad que esta campaña surja con virulencia cuando planteamos una pelea frontal contra el modelo minero, los intereses que allí se juegan ven con desagrado que existan quienes se oponen a la contaminación y al despilfarro de las reservas de nuestras cuencas hídricas, somos las voces que junto a vecinos, comunidades y organizaciones hermanas nos oponemos a la entrega del agua a través de la explotación de nuestros glaciares a la voracidad de las empresas trasnacionales; a la entrega de los bienes naturales como la tierra, el petróleo, la pesca y los bosques nativos, mientras los partidos tradicionales legislan a espaldas del pueblo, entregando recursos vitales que atentan contra la naturaleza y todas las formas de vida.
En ese escenario las acciones represivas en la Argentina mantienen la misma direccionalidad, por un lado las fuerzas tradicionales de seguridad reprimiendo abiertamente o infiltrándose en movilizaciones y acciones cotidianas identificando y golpeando selectivamente a referentes de asambleas ciudadanas, organizaciones sociales, estudiantiles y sindicales, comunidades indígenas, tratando de aislar cada una de las iniciativas del campo popular y sosteniendo el desmembramiento del mismo con diversas metodologías.
Por otro lado la aprobación por orden de Washington de la “Ley antiterrorista”, norma para reprimir al pueblo y sus luchas, nuevo y gravísimo intento de avance represivo que ha tomado cuerpo con la remisión al Congreso por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Ley que amplía groseramente el campo decriminalización de la protesta.
No es menor que sea una ley para combatir el "terrorismo", ya que hasta hoy no se ha podido definir jurídicamente qué se entiende por "terrorismo" y esto no es casual si tenemos en cuenta que siempre se ha utilizado este calificativo para demonizar al opositor político, para justificar su persecución y su eliminación. Además, actualmente existen claros intereses políticos por parte del imperialismo norteamericano y sus socios en utilizar el calificativo de "terrorista" para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares del mundo, a su política.
En la provincia de Jujuy la agresividad sostenida contra nuestras organizaciones sintetiza las propuestas de intervención directa contra el pueblo en distintos puntos del país, su metodología, su sostenimiento y la articulación con sectores civiles.
Desde la agresión que recibiera en julio del 2006 en oficinas del Ministerio de Obras Públicas de la provincia nuestro compañero Luca Arias, fundador y referente de la Corriente del Pueblo, brutalmente golpeado por una patota de 15 matones, no se han detenido las amenazas y acciones constantes contra nuestra organización.
Desde que fundáramos el 20 de diciembre del 2006 la Corriente del Pueblo las agresiones se han sostenido con desalojos de cortes de ruta coordinados conjuntamente por fuerzas de seguridad y grupos mercenarios que funcionan bajo la oferta y la demanda; persecuciones y amenazas (con fotografías mediantes) a referentes barriales; intentos y amenazas constante de ocupación de nuestro barrio “Luca Arias”, modelo de autogestión, participación y movilización popular; compra de voluntades desde las arcas del estado o directamente infiltración de punteros, mercenarios y fuerzas de seguridad en nuestras filas para golpear desde adentro al conjunto de la organización.
El fortalecimiento logrado con innumerables cantidad de esfuerzos nos permitió identificar a aquellos que desde adentro trababan el accionar colectivo, expulsando y denunciando a los oportunistas, a quienes se valían de nuestra organización para robar, estafar o simplemente sembrar intrigas sobre cada paso que dábamos.
Son estos mismos personajes los que hoy continúan cobijados por el Gobierno Provincial (denunciados por nuestra organización penal y públicamente), no solo vemos como las reivindicaciones conseguidas por la Corriente del Pueblo en años de lucha quieren ser desviadas hacia quienes fueron expulsados, sino también sufrimos sus agresiones.
Nuestro compañero de Jóvenes KURMI Facundo Gaspar, en octubre del año pasado sufrió agresiones físicas y amenazas a un par de cuadras de su casa en la zona de Alto Comedero; el compañero Rafael Balcarce de la Corriente del Pueblo sufrió el 21 de enero lesiones de arma blanca al ser agredido mientras se desarrollaba una jornada de trabajos solidarios en el barrio “Luca Arias”; Luciana Santillán, coordinadora de la Corriente del Pueblo y Gerónimo Peralta, coordinador del Instituto Taki Onqoy, imputados recientemente por movilizarnos contra la minería a cielo abierto, son constantemente amenazados.
El pasado 8 de marzo nuevamente sufrimos agresiones y amenazas cuando nuestras compañeras Cecilia Quiroz y Mariana Argañaraz de la Corriente del Pueblo fueron golpeadas a pocas cuadras de Recursos Hídricos luego de que realizaran gestiones en esta dependencia.
La mano de obra que lleva adelante cada una de estas acciones contra nuestras organizaciones debe ser desarticulada, denunciamos al Gobierno Provincial como responsable de lo que está sucediendo y exigimos a la justicia que investigue y condene cada una de las denuncias que hemos realizado.
En cada lugar del país donde el pueblo se organiza con la fuerza de la juventud, los movimientos sociales, territoriales, campesinos e indigenistas decididos a protagonizar transformaciones con sentido emancipador, no podrá ser detenida por la estructura corrupta del clientelismo y los negocios a espaldas del pueblo que se definen en los despachos gubernamentales.
No estamos dispuestos a ver pasivamente como continúan saqueando nuestra tierra. Estamos contra la entrega de nuestros territorios, transformándolos en cotos de caza encerrando lagos, montañas y cerros cuyos minerales son nuestras mayores reservas; estamos contra la extranjerización de nuestros principales recursos estratégicos; sostenemos la defensa de los derechos de la naturaleza.
Contacto: Luciana Santillán (388) 154-770837
